Reforma a la Justicia: una fiebre de 33 años que no remite

La muy celebrada constituyente de 1991 tiene su raíz en una fallida reforma a la justicia que por lo menos desde la era de Alfonso López Michelsen se quería llevar a cabo. El último intento previo a la nueva constitución se desplomó en las postrimerías gobierno de Virgilio Barco y durante lo peor de la "guerra frontal" que se declaró al narcotráfico, por el escandaloso mico del referendo sobre la extradición. Ni la "Pequeña Constituyente" de 1975 (casualmente descarrilada por la Corte Suprema de Justicia), ni tampoco el congreso pudieron con la tarea.

Luego la Corte Suprema decidió ampliar inesperada (y quizá sin sustento legal real) el mandato de la flamante constituyente declarándola "omnímoda y soberana". Más de 100 años de jurisprudencia se van por el desague y llega el estado social de derecho, que 25 años después es una nueva colcha de retazos. Y la no extradición se convierte en un artículo de la Constitución ("La Constituyente es el camino". Sí, claro).

La última reforma a la justicia ("consensuada") de la era Santos tampoco se atreve a coger al toro por los cuernos.

Las llamadas altas cortes no pierden sus malas mañas (ni quieren hacerlo).

Los colombianos piden justicia eficaz, y lo que reciben a cambio son carruseles de pensiones (con palomitas) y una piñata de pasaportes diplomáticos a perpetuidad para los magistrados.


¿Si no es el tiempo de otra constituyente, entonces, de qué?