Si hay algo que me identifique con Rito Dávila, el barranquillero promedio, es el desprecio por la estupidez arrogante del estado y la de sus partidarios a ultranza como panacea, ya que pretenden microregular la naturaleza humana hasta generar joyas que dan grima de lo aparte que están del sentido común.A ver, hijuemil personas pagan cárcel por delitos relacionados con el microtráfico de drogas (antes los términos usados eran "ollas" para los expendios y "jíbaros" para los expendedores). Pascual Gaviria (columnista de El Espectador y comentarista habitual de La Luciérnaga) no desaprovecha oportunidad para señalar que las políticas represivas en el tema de drogas alucinógenas y sicoactivas no han hecho más que fracasar y llenar las cárceles de gente que no debería estar allí, porque... ¡la legalización es la salida!
Esa misma línea de razonamiento es la que mantiene en la práctica fuera de la cárcel a carteristas, ladrones de celulares, y en un tiempo, a los violadores. Como las cárceles estaban llenas y es prioritario pagar las dietas de los congresistas y las pensiones de jubilación a los que ya se jubilaron, pues construir más cárceles está fuera de discusión; es más fácil declarar ciertos delitos "excarcelables", concepto que rima sin duda con "execrable". ¡Bien por la legalización! Entonces, para tapar semejante hueco se inventan la Ley 1157 de 2007 ó "Ley de Pequeñas Causas", la cual es derogada por la Corte Constitucional en uno de sus habituales arrebatos de demagogia e irresponsabilidad que riñen contra el sentido común. Al fin y al cabo, una pequeña ley tenía más oportunidad de pasar en el Congreso que una de las tantas reformas que periódicamente se le hacen al Código Penal (¡últimamente los reclusos presionan por una rebaja de penas!).
Hablando de robo de celulares, se busca aprobar una ley que penalice el robo de celulares (¿no que está penalizado el robo?), debido al carácter de industria que ha tomado éste, con sitios muy reconocidos para "reducidores" donde pueden abrir las bandas y volverlos a vender. Para eso el gobierno expidió el Decreto 1630 de este año, el cual prohíbe la apertura de bandas. También busca acabar con los distribuidores de celulares independientes, los cuales deberán ponerse obligatoriamente la camiseta de Tigo, Comcel, Movistar o Uff... o desaparecer. Lo que nuevamente termina beneficiando al mismo leviatán abusivo de Comcel.
Por una vez estoy de acuerdo con Rudolf Hommes (consultor de Tigo), que denuncia que en Colombia no existe una verdadera competencia de operadores celulares que beneficie al consumidor, ya que Movistar, Tigo y Uff es muy poco lo que pueden hacer contra Comcel. Si hay algo que hizo lucrativa la industria del robo de celulares, han sido los aparatos costosos, los contratos abusivos, las cláusulas engañosas, las tarifas desmesuradas, el miserable servicio al cliente, la guerra soterrada a un legítimo mercado del usado; y todo esto encuentra su caldo de cultivo ideal en un sistema oligopólico, en el que tiene la tajada principal del mercado, la tiene tan grande, que puede dictar las condiciones del mercado, incluso la de sus competidores. La última normatividad, lejos de acabar (¡por decreto!) con los robos o con el pésimo servicio al cliente, acentuará estos problemas, porque no los ataca en su raíz.
Y hablando de regulaciones, para pelar el cobre yo mismo (porque ningún operador vendrá a Colombia a competir en las actuales condiciones), recuerdo que en otro país a Comcel se le hubiera intervenido y se le hubiera partido en 3, como sucedió con Bellsouth... y AT & T. 
