“Buen gobierno” no es “más gobierno”

"Me gusta ser capaz de despedir a las personas que me prestan servicios."

Mitt Romney (precandidato republicano a la presidencia estadounidense)

Esta debería ser la directiva que debería gobernar la trayectoria de los empleados públicos. La libertad de elegir, que en el sector privado permite que cuando hay competencia, ningún oferente se salga con la suya. En el sector público, la libertad de elegir no existe.

En nombre de la justicia social, la nómina oficial nunca para de crecer. Cada problema de la nación se soluciona con una ley, un impuesto y un instituto descentralizado (ahora se llaman agencias). Cuando no se vuelve fortín político la entidad, el sindicalismo hace que la entidad empiece a servir exclusivamente a quienes utilizan esa coraza para no tener que rendir cuentas nunca más a quienes les pagamos el sueldo.

Y es que en vez de servir a los contribuyentes colombianos (que somos todos), nosotros servimos a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; primero con sueldazos (porque sólo así se puede atraer talento al sector público — la misma lógica aplica tanto para Planeación Nacional como para el Congreso), y luego con pensionsazas y pasaportes diplomáticos a perpetuidad (porque no se puede rebajar la dignidad de la justicia ni de quienes forjan las leyes).

El poder legislativo no es una fábrica de leyes, hasta el presidente lo sabe. Hace muchos años, cuando Juan Manuel Santos era un cero a la izquierda en las encuestas, tenía una fundación llamada “Buen Gobierno”, una columna semanal, el único diario de circulación nacional y un poder quizá superior al que nominalmente ahora ostenta. Entre tantas cosas que promovió como ejemplo de “buen gobierno” era que el congreso dedicara al menos el período de una legislatura a eliminar leyes inútiles, caducas, contradictorias y contraproducentes.

Luego en su primer año de gobierno, nuestro presidente se ufanó de ser “eficiente” por haber impulsado y convertido en ley más de veinte proyectos, entre ellos un rimbombante “Estatuto Anticorrupción” (¡Otro más!).

Ahora en un extraño arrebato de sentido común (de esos que solía tener cuando escribía su columna semanal), Santos sancionó un decreto ley que elimina más de un centenar de trámites engorrosos (¡Otro más!).

¿Cuándo será entonces que se simplifique por fin ese despelote de exenciones, agujeros y troneras que es el estatuto tributario? ¿Cuándo se volverá a recoger la legislación aduanera que está dispersa? ¿Cuándo se eliminarán las leyes inútiles, caducas, contradictorias y contraproducentes?


Creo que será mejor agarrar el "ficho" y sentarse.