Situación complícase: Emergencia social en salud y las venas abiertas del gasto público en Colombia

Por Paul Maršić

Si Usted quiere googlear la información que a continuación aparece, le advierto que no le será fácil, por lo que realmente ruego estos links que dejo no pierdan su vigencia en mucho tiempo. La pregunta es: ¿Por qué tiene que ser tan difícil (tratándose de una democracia)?

Unos dicen que anualmente se pierden cuatro billones de pesos del presupuesto nacional en actos de corrupción. Otros dicen que no es así, que “apenas” son unos trescientos mil millones, unas 13 veces menos lo inicialmente reportado. Me sorprende que una cifra como ésta no se pueda cuantificar, aún teniendo Contaduría y Contraloría de la Nación. Primera pregunta: ¿Y cuánto vale el presupuesto del gobierno nacional? La tontería de 148,3 billones de pesos, unos 74,2 mil millones de dólares. Es decir, que en corrupción se perdería entre un 2,7% y un 0,2% de dicho presupuesto.

¿Como es posible que la información exacta sobre la cantidad de empleados públicos en el país no esté fácilmente disponible?. Cualquiera debería poder saber esto, hasta un estudiante de bachillerato, ¿no? Segunda Pregunta: ¿Cuántos empleados públicos hay en Colombia? Dicen que un millón. Que cuestan $ 15,3 billones de pesos, un 10,31% del presupuesto, es decir, $ 1.275.000 mensuales por empleado, quién lo creyera.

Y si no lo saben en bachillerato, ¿lo sabrán en la educación superior? Tampoco lo creo. El funcionamiento de la universidades públicas, se gasta $ 1,6 billones de pesos, un 1,07% de dicho presupuesto. Ya que estamos en esas, eso querría decir, que para unos 876.000 estudiantes de universidades públicas se gastan aproximadamente $ 1.827.000, o $ 913.500 por semestre. No tan sorprendente ni halagador, teniendo en cuenta la carga prestacional de las universidades públicas:

Es pertinente señalar, que el incremento salarial de los docentes, no corresponde propiamente a una nómina plana a la cual se aplica el aumento previsto anualmente por el gobierno nacional, sino que además crece con la productividad académica, la evaluación docente, el ejercicio de cargos académico-administrativos, el ingreso de nuevos docentes con altos niveles de exigencia académica, constituyéndose en factores que determinan un incremento superior en los gastos de personal. Esta situación viene afectando las finanzas de las Universidades Públicas, por cuanto estos compromisos se atienden con recursos de la nación, los cuales conforme a lo dispuesto en el Artículo 86 de la Ley 30 de 1992 son actualizados con el crecimiento del IPC. Siendo aún más grave la situación si se considera que estadísticamente en las Universidades, los gastos de personal representan entre un 80% y 90% de los gastos de funcionamiento. (Subrayado mío)

Lo interesante es que a pesar de una búsqueda exhaustiva de mi parte, no se puede encontrar a cuanto ascienden globalmente los gastos de funcionamiento de la universidad pública. Será porque para los docentes (y para algunos estudiantes) tendría muy poca presentación reconocer que en el mejor de los casos le estaría llegando al estudiante unos $ 182.700 por semestre. ¿Con qué clase de infraestructura puede contar la Universidad Pública si el 80% o 90% de los gastos de funcionamiento se va en pagarle el sueldo a los empleados? ¿Y las pensiones?

Bueno, tenemos 1.070.000 de pensionados que valen $ 9.8 billones o un 6,6% del presupuesto general, es decir cada uno nos cuesta en promedio $ 9.16 millones al año, o $ 764.000 mensuales aproximadamente. Esto palidece con lo que está pendiente en demandas contra la nación: $ 712 billones, o casi cinco veces lo que vale el presupuesto del 2010. Gracias a la desidia en la gestión pública, y, por qué no, la corrupción. Y mientras tanto, la plata en la calle. Según la misma Contaduría, las entidades públicas han registrado cartera morosa por $19.2 billones de pesos, a 31 de Mayo de 2009 (un 12,9% del presupuesto de 2010), en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME). El informe de la Contaduría señala que, en total, 307.565 personas naturales le adeudan al Estado $12.8 billones de pesos, en tanto que 67.635 personas jurídicas le adeudan $ 6.4 billones de pesos, para un total de $ 19.2 billones de pesos. En las entidades del nivel nacional se concentra el 81.6% de las deudas a favor del Estado, mientras que en las territoriales presentan el 18.4%.

¿Y los que pagan el sueldo a todo sector público? Esos serían unos 18,4 millones de trabajadores, luchando por no entrar al tétrico club de 3,1 millones de desempleados. Otra cosa sorprendente: confrontando con el DANE, quienes trabajan de una u otra forma para el estado, no sobrepasarían el 5,47% de la población efectivamente activa.

Dicen a los estudiantes de administración de empresas que cualquier persona, con suficientes datos, puede tomar la decisión correcta. Un buen gerente toma la decisión correcta con muy pocos datos. Cualquiera que trate de googlear la información que aquí aparece en links, le va a tomar algo de tiempo, así que no hablemos de ir a la biblioteca, por favor. Pero, con cifras en la mano, y sin uso de matemáticas muy complejas, debería entenderse sin ninguna dificultad cómo funciona el estado colombiano y por qué. Preguntas como el valor del presupuesto nacional, cuánto debe pagar el estado a sus empleados y a sus pensionados, por qué no alcanza la plata que se le da a las universidades públicas, deberían ser más fáciles de encontrar su respuesta.

Aun así, no entiendo como el gobierno, es obligado demagógicamente mediante sentencia T-760 de la Corte Constitucional en 2008, a igualar los planes obligatorios de salud de los regímenes contributivo y subsidiado, y a ampliar la cobertura a como dé lugar. Lo que desencadenó la emergencia social y el intento burdo de reformar el sistema de atención en salud en Colombia, buscando mayor cantidad de mecanismos para que a los usuarios les sean negados los servicios que por otra tronera les concedieron, y peor aún: el intento que hace el estado de suplantar a la ciencia al tratar de microrregular al máximo el desempeño de los profesionales de la medicina, para tratar de controlar los costos.

Y para financiar todo este desvarío igualitario (e irresponsable) de la Corte Constitucional, que falla “en derecho”, concediendo beneficios sin detenerse a pensar quien va a pagar por ellos, el gobierno, en vez de analizar la información de que dispone, hace uso de su más viejo truco en el repertorio: subir los impuestos.

No se preocupen, porque con la misma lógica absurda con la que se prohíbe vender cigarrillos sueltos, se pretende gravar aún más los cigarrillos, los licores, los juegos de azar (los sospechosos de siempre) y hasta las bebidas gaseosas. El más seguro resultado será un incremento del contrabando de estos artículos y de los casinos operando ilegalmente y no del recaudo. Me imagino que si se esfuerzan aún más, el gobierno logrará que sea rentable el contrabando de bebidas gaseosas. Economía 101, ¿acaso no recuerdan por qué se bajaron estos impuestos en primer lugar? La misma gente que la Corte pretendió beneficiar pagará por todo. Que ironía.

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