Sindicalistas, políticos y contratistas, depredadores del erario: la misma vaina.

En clase de administración de empresas te enseñan que el objetivo principal y en abstracto de las organizaciones es el de perpetuar el conocimiento. Yo diría que el verdadero motivo es aún más egoísta: perpetuarse a sí misma, lo que le queda mucho más fácil, pues cualquier organización, sobre todo las que se basan en la adopción y no en la herencia, superan con creces la vida natural de sus miembros.

Dicho esto, tenemos que el pichón de presidenciable Simón Gaviria denuncia que en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), existe un “carrusel del despilfarro” y calcula que sólo en el segundo semestre de 2010 se gastaron cerca de 140 mil millones de pesos en actividades dudosas, tales como la compra de juguetes, celebración de olimpíadas de empleados, cursos de redacción (ejem) y de etiqueta y protocolo (!) para empleados.

En su defensa Luis Fernando Ulloa, el gerente de la EAAB, aduce que lo que hay es desinformación y que muchos de estos gastos son en cumplimiento de lo pactado en la convención colectiva. Y desde ese punto de vista, lo sucedido y lo gastado sería irreprochable para él; más bien debería llamarse a descargos a sus antecesores que reparten plata de la EAAB como si fuera piñata (a $ 80.000 por empleado, según los datos de la fiesta de fin de año).

Como siempre, estamos agarrando el proverbial rábano por las hojas. Si Simón Gaviria hubiera tenido agallas de verdad, hubiera dicho esto:

Se cree que al trabajar para una entidad pública se trabaja para el estado o para el distrito, entidades sin rostro ni forma. Pero el estado y el distrito somos todos. La EAAB presta servicios cuyas tarifas son de espíritu progresista (como le gusta al Fincho), no obstante, con cada convención colectiva, los sindicalistas que trabajan para la empresa terminan apropiándose de plata que no beneficia ni a los usuarios, ni a los dueños de la empresa (los habitantes del distrito). Esto no tiene nada de justicia social: [Y con todos esos despilfarros podría pagarse el valor del consumo mínimo que se le cobra a 60 mil familias del estrato uno en la capital (esto sí lo dijo)].

Al sindicalismo de trabajadores públicos le gusta partir de la noción “que pague el patrón”, es decir “que pague el estado”, es decir, que paguemos todos (y que nos freguemos). Esto es incontestable: hasta el colombiano más humilde paga de una forma u otra impuestos (IVA, por ejemplo). A los empleados públicos se les puede conceder estabilidad, un salario digno… pero no los pañales desechables para adultos que las EPS están obligados a darles. Si no aprendieron a redactar carteles y graffiti (ejem) en el colegio o la universidad, pues de malas. No son competentes para el puesto. ¿Etiqueta y protocolo para largar con viento fresco a los iracundos usuarios que financian estos despropósitos? Jamás. ¿Qué hay que tener consideración con quienes se meten a las alcantarillas a destaparlas para que la ciudad no se inunde? Mejor dicho, salimos a deberles todavía más. Que los canonicen, pues.

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Así como a NADIE le gusta pagar servicios públicos caros, a NADIE le gusta la idea de una educación superior costosa, a la que muy pocos pueden acceder. Aunque en otros blogs del equipo sipmac se ha puesto en entredicho la noción de “más profesionales es mejor porque sí”, a mí no me cuadra ni mucho ni poco el que jóvenes capaces no puedan acceder a la educación superior por falta de plata.

“Más profesionales es mejor porque sí”, sólo busca perpetuar a una nomenklatura académica que en algunos casos consume hasta el 80% del presupuesto de funcionamiento de las universidades públicas, sin contar la bomba pensional que ellos representan. Sí, la defensa de una universidad pública le cuadra perfectamente para quienes necesitan defender su chamba y su statu quo. En el ámbito universitario no es raro escuchar de déficits astronómicos, de decenas de miles de millones, pero nunca acerca de cómo se originan, excepto que “el gobierno no gira la plata”… digo, “los dineros”… digo, “las partidas presupuestales”.

Los estudiantes pueden tirar toda la piedra que quieran, desnudarse todo lo que puedan y hasta obtener la legislación demagoga… digo, social que ellos deseen, pero sólo la iniciativa privada y el factor de real competencia (no una ilusoria), es la que podría racionalizar el uso de los recursos y mejorar la calidad y la cobertura de la educación superior. Un sistema diseñado para que nadie responda por las consecuencias de las malas decisiones y sólo sirva para sacar a vivir a una auténtica casta que justifica con circunloquios su razón de ser, no va para ningún Pereira.

Así que la educación pública en Colombia se convierte en asunto de sostener a algunos pocos y no de prestarle servicio a muchos. Y la prestación de servicios públicos es en realidad el asegurar extravagantemente el bienestar de otros pocos. De esa misma manera interesada le pagan a los congresistas, ministros, concejales, gobernadores, alcaldes, magistrados, contratistas de obras públicas…

Todos depredadores del erario.


La misma vaina.