Ganésela silbando (Colpuertos y Foncolpuertos todavía están penando por ahí...)



De los pocos debates del congreso que he visto por televisión, dos se quedaron para siempre en mi memoria, y ambos son de la administración Pastrana. Uno fue por la crisis del sistema UPAC, que se había vuelto insostenible en medio de la segunda peor recesión del siglo XX. Dicho debate fue liderado por Amílkar Acosta, y respondía el ministro de hacienda Juan Camilo Restrepo, que no lo hizo nada mal.

El segundo debate fue sobre el escándalo del robo de Foncolpuertos, el fondo de liquidaciones y pensiones de la antigua empresa Puertos de Colombia, aquella que le dio un nuevo significado al término oligarquía, poniéndole el apellido
de overol. De 1959 a 1991 se gestó una bomba de tiempo que terminarían pagando las siguientes generaciones. Con la Ley 1ª de 1990, se pensó que ésta había sido desactivada.

Para nada; en un lugar de la plaza de Telecom de Barranquilla, como en las otras ciudades donde operó Colpuertos, se hablaban de reliquidaciones por cientos y miles de millones de pesos, y se urdían reclamaciones por motivos tan irrisorios como la falta de unos cordones en la entrega de un calzado de dotación industrial. Este sitio era conocido como la Isla de la Fantasía. Y muchas de esas fantasías se hicieron realidad, de forma fraudulenta. En este link, se puede tener una
pequeña medida de lo escandalosas que fueron las liquidaciones laborales y las pensiones pagadas a gente que terminó devengando más que cualquier congresista, magistrado de la Corte Suprema o el presidente de la República, lo que ya es mucho decir.

¿Cuanto le costó a la nación este tipo de prevaricatos millonarios mientras los organismos de control miraban para otro lado? La respuesta la dio nadie más y nadie menos que Ingrid Betancourt, quien lideró el debate. En medio de una aguda recesión que golpeaba sin piedad a los colombianos, la plata que le había costado a la nación el desfalco de Foncolpuertos, hubiera podido ser usada para suspender el recaudo del IVA por un año, y así ayudar a reactivar la economía.

Así como fue deportado José Alfredo Constantino de Estados Unidos para que pague 63 meses de cárcel por los prevaricatos cometidos y termine de responder por los demás procesos que tiene pendientes, los demás implicados también deben responder.

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